La relación entre los pacientes, las obras sociales y los centros de salud es a menudo un delicado equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe, los más perjudicados son siempre los afiliados, quienes ven vulnerado su derecho fundamental al acceso a la salud. Un caso que ejemplifica esta tensión ha surgido recientemente en Avellaneda, involucrando al Sanatorio Itoiz, a la obra social IOMA y a su nuevo propietario, la obra social de UPCN. Este conflicto ha generado una profunda preocupación y una serie de denuncias por trato desigual y barreras en la atención médica, dejando a miles de familias en una situación de incertidumbre.
Para entender la situación actual, es crucial conocer el hecho que actuó como catalizador: la venta del Sanatorio Profesor Itoiz a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Al ser adquirido por una obra social específica, la estrategia y las prioridades del nosocomio cambiaron drásticamente. Lo que antes era un prestador de servicios para una amplia gama de coberturas médicas, comenzó a reorientar su estructura para servir, en primer lugar, a sus “dueños”: los afiliados de UPCN.
Esta decisión empresarial tuvo un impacto directo y negativo en los afiliados de otras obras sociales, especialmente en los de IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial), que históricamente ha tenido una fuerte presencia en la región. Según representantes gremiales, como la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la nueva gerencia del sanatorio ha implementado políticas que relegaron a los afiliados de IOMA a un segundo plano.
Las quejas de los afiliados de IOMA no son vagas, sino que apuntan a problemas concretos y sistemáticos que dificultan o directamente impiden el acceso a servicios esenciales. Tras una reunión entre la AJB y la gerencia del sanatorio, se expusieron las siguientes irregularidades:
Quizás la denuncia más grave es la existencia de un sistema de turnos que discrimina activamente a los pacientes de IOMA. Los afiliados reportan que al intentar solicitar una consulta, se encuentran con fechas de atención mucho más lejanas en comparación con las ofrecidas a pacientes particulares o de otras obras sociales. Además, se utiliza un método de “planillas” que se “abren” en días específicos y por tiempo limitado, creando una carrera de obstáculos para conseguir una cita. Esta práctica no solo es injusta, sino que puede tener consecuencias graves para la salud de quienes necesitan atención oportuna.
Otro punto crítico es la atención en el servicio de guardia. Se ha denunciado que el Sanatorio Itoiz dejó de atender a los afiliados de IOMA por guardia, y en caso de que un paciente se presente, se le exige el pago de una consulta particular, que ascendía a $170 según los reportes. La justificación ofrecida por la gerencia fue que “los afiliados a IOMA colapsaban la guardia”, un argumento que fue rotundamente rechazado por los representantes de los afiliados por considerarlo ineficaz y discriminatorio.
La restricción de servicios no se limita a las consultas o la guardia. Según lo manifestado por la gerencia en la reunión, los servicios de laboratorio del hospital se encontrarían en la misma situación, es decir, sin cobertura para los afiliados de IOMA. Esto obliga a los pacientes a buscar otros centros para realizarse estudios básicos, fragmentando su atención médica y añadiendo una carga logística y económica.
Frente a estas acusaciones, la respuesta de la gerencia del Sanatorio Itoiz fue reveladora. Admitieron que, “orgánicamente”, su deber principal es atender a los afiliados de UPCN. El resto de las obras sociales, incluida IOMA, solo tendrían acceso a un cupo definido como “ocioso”. En otras palabras, los afiliados de IOMA son considerados un “relleno” para los espacios que no son utilizados por los pacientes de UPCN. Esta lógica establece de facto una jerarquía de pacientes, creando pacientes de segunda categoría, cuya atención depende de la disponibilidad que dejen los afiliados de la obra social propietaria.
Irónicamente, se reconoció que IOMA representa la segunda fuente de financiamiento más importante para el sanatorio después de UPCN, lo que hace aún más incomprensible la decisión de limitar sus prestaciones.
Para visualizar el impacto de estos cambios, la siguiente tabla resume la situación antes y después de la adquisición por parte de UPCN.
| Servicio | Atención Previa a la Venta | Atención Actual (Post-Venta a UPCN) |
|---|---|---|
| Atención por Guardia | Cobertura completa sin cobros adicionales. | No se atiende por IOMA. Se exige el pago de la consulta como particular. |
| Asignación de Turnos | Turnos asignados en igualdad de condiciones con otros pacientes. | Fechas lejanas, sistema restrictivo de “planillas”, prioridad para otras coberturas. |
| Servicios de Laboratorio | Cobertura normal para análisis y estudios. | Servicio restringido o directamente no disponible para afiliados de IOMA. |
| Prioridad del Paciente | Paciente tratado según su necesidad médica. | Paciente relegado a la “capacidad ociosa” del sanatorio. |
Ante esta situación, la inacción no es una opción. La salud es un derecho, no una mercancía sujeta a las prioridades comerciales de un centro médico. La Asociación Judicial Bonaerense ha decidido elevar las denuncias formales ante IOMA, solicitando que el instituto tome medidas urgentes para garantizar que su prestador cumpla con los convenios firmados. Es fundamental que los afiliados también tomen un rol activo:
El caso del Sanatorio Itoiz es un llamado de atención sobre la fragilidad del sistema de salud y la importancia de la vigilancia constante por parte de los afiliados y sus organismos de representación para defender el acceso a una atención médica digna y equitativa.
Sí, formalmente sigue siendo prestador, pero con severas restricciones y prácticas discriminatorias denunciadas en servicios clave como la guardia, los turnos para consultorios externos y el laboratorio.
El cambio se debe a que el sanatorio fue comprado por la obra social UPCN, la cual ha priorizado la atención a sus propios afiliados, dejando a los de IOMA y otras coberturas en un segundo plano para ocupar la “capacidad ociosa”.
No. Si un prestador tiene un convenio vigente con una obra social para la atención de guardia, no debería exigir un pago adicional o el abono de una consulta particular. Esta práctica, conocida como “cobro indebido”, debe ser denunciada ante la obra social.
Generalmente, una obra social (como IOMA o UPCN) está ligada a una actividad laboral o gremial, y los aportes son obligatorios y se descuentan del salario. Una prepaga (como Accord Salud, mencionada en relación al Sanatorio Anchorena) es una empresa de medicina privada a la que una persona se afilia voluntariamente pagando una cuota mensual.
La información disponible indica que para el Sanatorio Anchorena (que no debe confundirse con la problemática del Itoiz) se pueden solicitar turnos de manera presencial en sus distintas sedes (como San Martín o Itoiz) o a través de su central telefónica: 0810-888-8876.
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