La Cirugía Más Larga de la Historia: 96 Horas
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El surgimiento de una nueva institución médica siempre genera expectativas en la comunidad, pero cuando su propiedad se entrelaza con las más altas esferas del poder público, surgen interrogantes que merecen ser respondidos. Este es el caso del Hospital Privado de Bariloche (HPR), un centro asistencial cuya creación y habilitación estuvieron marcadas por una controversia que apunta directamente a un posible conflicto de interés por parte de quien fuera el Secretario de Salud Pública de la provincia, el Dr. Pedro Mazzoleni.

La trama revela una compleja red de sociedades anónimas, participaciones accionarias y decisiones estatales que ponen en tela de juicio la delgada línea que debería separar el interés público de los negocios privados, especialmente en un sector tan sensible como la salud.
El Dr. Pedro Mazzoleni accedió a su cargo como Secretario de Salud Pública gracias a su reconocida trayectoria en el ámbito privado. Sin embargo, la investigación periodística reveló que su participación en empresas del sector no cesó al asumir la función pública. El punto más crítico de esta situación se centra en su rol como accionista del Hospital Privado de Bariloche.
Según la ley de ministerios provincial (nº 3736), los cargos de alto rango como el de secretario son incompatibles “con cualquier otra actividad rentada”. La normativa es clara y busca evitar que las decisiones de un funcionario puedan estar influenciadas por sus intereses económicos personales. En este caso, la situación era aún más delicada: el mismo ministerio que Mazzoleni integraba fue el que habilitó al HPR para operar. Aunque el funcionario afirmó haber vendido sus acciones en mayo, la habilitación del centro médico se produjo mientras él aún formaba parte de la sociedad propietaria, configurando una clara incompatibilidad de funciones.
La participación de Mazzoleni no se limitaba únicamente al HPR. El funcionario también figuraba como accionista en otras dos importantes sociedades anónimas vinculadas al Colegio Médico de Bariloche: Vida Emergencia S.A. (posteriormente Emergencias Médicas S.A.) y Vida Asistencia S.A. Su defensa consistió en argumentar que su titularidad en estas empresas era meramente formal, actuando “en representación del Colegio”.
No obstante, fue la conducción del Ipross, la obra social provincial, la que encendió las alarmas. La presidenta del organismo, Nancy Bértola, advirtió la incompatibilidad y exigió al secretario de Estado la cesión de sus partes para poder avanzar en un convenio con Emergencias Médicas S.A. Esta transferencia, según confirmó el presidente a cargo del Colegio Médico, Ernesto Terán, se concretó aproximadamente un mes antes de que la noticia saliera a la luz, y se realizó sin compensación económica, reforzando la idea de una titularidad representativa.
Aun así, la influencia de Mazzoleni parecía ser efectiva. Se reconoce que en enero de ese año, su intervención fue clave para que Emergencias Médicas cobrara 12 mil pesos del Estado “para cubrir un agujero urgente”, mientras que la deuda total del Ipross con la empresa ascendía a una cifra considerable, estimada entre 148 mil pesos y 180 mil bonos.
| Entidad | Personas Clave Involucradas | Controversia Principal |
|---|---|---|
| Hospital Privado de Bariloche (HPR) | Pedro Mazzoleni, Alejandro Obon, Romero. | Habilitado por el Estado mientras el Secretario de Salud era uno de sus principales accionistas. |
| Emergencias Médicas S.A. | Pedro Mazzoleni (en representación del Colegio Médico), Carlos Garate, Oscar Arsel. | Incompatibilidad de funciones del Secretario de Salud, quien intervino para gestionar cobros a una empresa de la que era accionista. Deuda con el Ipross. |
| Mutual Médica Río Negro | Pedro Mazzoleni, Ramón Valdez, Alejandro Scafidi, Juan Carlos Joelson. | Creación de farmacias, un rubro cuya propiedad por parte de médicos es cuestionada por posible incompatibilidad profesional. |
El Hospital Privado de Bariloche no fue una empresa menor. Nació con la ambición de competir con los sanatorios históricos de la ciudad, el San Carlos y el del Sol. La estructura accionaria estaba liderada por un grupo principal que incluía a Mazzoleni, Alejandro Obon y Romero, con aportes que rondarían los 500 mil pesos. A ellos se sumaban cerca de 40 socios más, con desembolsos menores de entre 10 y 15 mil pesos.
Paralelamente, el negocio de las emergencias médicas también se mostraba atractivo. Con cuatro ambulancias y un costo operativo significativo, el servicio estaba a la venta. El principal interesado parecía ser el médico cipoleño Osvaldo Lovagnini, y ya circulaban rumores de un preacuerdo para asociar este servicio de emergencias directamente con el HPR, cerrando así un círculo de prestaciones médicas privadas.
La diversificación de los negocios del grupo de médicos liderado por Mazzoleni también alcanzó al sector farmacéutico. A través de la Mutual Médica Río Negro, creada a principios de 1997, avanzaron en la instalación de farmacias. La Farmacia Social Médica de Bariloche, habilitada por Salud Pública, fue objeto de cuestionamientos por parte del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, que denunciaba la venta al público en general y la participación de médicos en su propiedad, otra frontera difusa entre los intereses profesionales y los comerciales.
El caso del Hospital Privado de Bariloche y la participación del entonces Secretario de Salud, Pedro Mazzoleni, es un claro ejemplo de las tensiones que pueden surgir cuando los intereses públicos y privados se superponen. Si bien los involucrados ofrecieron explicaciones y finalmente se deshicieron de las participaciones accionarias conflictivas, el episodio dejó una sombra de duda sobre la transparencia en la gestión de la salud provincial. Demuestra la necesidad imperiosa de establecer límites claros y controles efectivos para garantizar que las decisiones que afectan la salud de toda la población se tomen con absoluta imparcialidad y sin la influencia de intereses económicos particulares.
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